Altagracia Gómez Sierra, presidenta del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), ha respondido de manera contundente a la polémica desatada por el diario Reforma sobre un contrato millonario que, según se reportó, habría sido otorgado a su empresa. En medio de un ambiente de tensión y especulación, Gómez ha aclarado su posición y las circunstancias que rodearon este acuerdo.
Detalles del contrato en cuestión
La controversia gira en torno a un contrato adjudicado a través de la institución Alimentación para el Bienestar-Diconsa el pasado 6 de marzo de 2025, el cual disponía de un monto abierto de 346 millones de pesos. Este proyecto tenía como objetivo la transformación del maíz en harina nixtamalizada, además de su empaque y distribución. Sin embargo, el contrato fue revocado el 9 de julio de 2025, lo que ha suscitado preguntas sobre la transparencia y los motivos detrás de la cancelación.
Gómez enfatiza que "la empresa no recibió ni un solo peso de ingreso de ese contrato" y que fue anulado por "razones técnicas". Al respecto, Gómez menciona que su papel en el gobierno no la convierte en servidora pública con facultades para decidir sobre cuestiones internas del mismo, aunque asegura que su compromiso es "hacer las cosas bien".
Respuesta a acusaciones de conflicto de interés
Altagracia Gómez ha defendido con firmeza su integridad al afirmar que no ha recibido beneficios indebidos: “no he recibido ningún beneficio indebido ni para mí ni para mis empresas, y que además que no lo he recibido tampoco lo recibiré en un futuro”.
Esta declaración se hace en un contexto donde se cuestiona su cercanía con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que ha llevado a algunos a considerar su situación como un posible conflicto de interés. Sin embargo, Gómez ha reiterado que su única intención es contribuir al desarrollo del país y mejorar la economía regional.
La respuesta de Claudia Sheinbaum
Claudia Sheinbaum, por su parte, ha respaldado a Gómez, afirmando que “no hay conflicto de interés” en su situación. La mandataria ha mostrado confianza en la capacidad de Gómez para llevar a cabo su trabajo sin caer en irregularidades.
Críticas y defensa mediática
La cobertura mediática ha sido un punto crítico para Gómez. Ha señalado que algunas de las referencias al contrato en cuestión realizan afirmaciones "por error o por omisión en sus datos", sugiriendo que estas podrían ser parte de una agenda editorial distinta a la verdad.
Altagracia Gómez se une a un creciente grupo de personajes políticos y empresarios que abogan por una mayor claridad y objetividad en el manejo de la información pública, especialmente en momentos de incertidumbre política.
Conclusión
A medida que la controversia continúa en el ámbito público, Altagracia Gómez parece decidida a limpiar su nombre y seguir adelante con su labor en el desarrollo económico. Con una firme defensa de su actuación y viendo hacia el futuro, Gómez ha insistido en que está comprometida a trabajar por el bienestar de México, defendiendo su integridad y la transparencia de su actuación en el gobierno.
La respuesta de Gómez podría, sin duda, influir en cómo se manejarán futuras relaciones entre el sector privado y el gobierno, particularmente en una administración dirigida por Claudia Sheinbaum en la que el tema de la corrupción sigue siendo crítico. La noticia de su situación atraerá atención no solo de los medios, sino también de los ciudadanos interesados en la relación entre el gobierno y los negocios en México.
